Javier Martín Gutiérrez, “Spiderman”. Foto Cubanet / Camila Acosta
Por ICLEP
Apr 24, 2026 | 7:14 PM
La Habana, Cuba — 24 de abril de 2026. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido en La Habana, que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman", deportista de artes marciales y ciudadano cubano, fue detenido arbitrariamente en la vía pública, agredido físicamente y trasladado a dependencias de la Seguridad del Estado, como represalia por realizar protestas pacíficas desde el balcón de su vivienda durante una semana, expresando su desacuerdo con el régimen cubano y la situación del país.
Hechos documentados
Según el registro del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP, el incidente ocurrió en la calle 90 entre 41 y 43, Marianao, La Habana, en las inmediaciones del complejo deportivo Jesús Menéndez, cuando Javier Martín se dirigía a su domicilio.
Según denunció el periodista e investigador José Raúl Gallego, oficiales de la Seguridad del Estado, vestidos de civil y operando desde un vehículo negro, procedieron a detener al ciudadano en la vía pública sin mediar orden judicial ni identificación formal. Durante el operativo, la víctima fue sometida a una brutal golpiza por parte de los agentes represivos. Una vecina testificó haber presenciado cómo varios hombres golpeaban a Javier Martín e introducían su cuerpo en un ómnibus.
Javier Martín fue trasladado por la fuerza a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana y reconocido centro de interrogatorios bajo condiciones denunciadas internacionalmente como contrarias a la integridad física y psicológica de los detenidos. La familia no recibió notificación oficial de la detención. La madre y la esposa de Javier Martín acudieron a estaciones policiales en busca de información sobre su paradero, sin que las autoridades proporcionaran dato alguno. Posteriormente, fuentes familiares confirmaron que Javier Martín se encuentra bajo interrogatorio en Villa Marista, está golpeado y se desconoce la gravedad de sus lesiones. La familia no podrá verlo hasta la próxima semana.
Días previos a la detención, agentes de la Seguridad del Estado mantuvieron vigilancia intimidatoria sobre Javier Martín. La policía política se presentó en el centro laboral de su madre para interrogarla y presionarla con el propósito de quebrar la protesta pacífica que su hijo realizaba desde su vivienda. Javier Martín, atleta de artes marciales de alto rendimiento, había advertido públicamente que preveía su detención y que las autoridades podrían intentar desacreditarlo alegando trastornos mentales.
Días antes de su detención, Javier Martín fue entrevistado por la periodista Camila Acosta, quien documentó la vigilancia estatal y la presión ejercida sobre su familia.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del ICLEP mediante el proceso de observación y registro, seguido de análisis, clasificación, contrastación y verificación, conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
El ICLEP clasifica este hecho como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo los indicadores:
1. Detención arbitraria (indicador principal): Privación de la libertad sin orden judicial previa, justificación legal válida ni cumplimiento del debido proceso. La detención operativa en la vía pública, ejecutada por agentes estatales de civil, responde a un patrón de neutralización del ejercicio legítimo de la libertad de expresión pacífica. Constituye secuestro por parte de agentes estatales, encuadrable en las subcategorías 1.1 (detención sin orden judicial) y 1.2 (secuestro y/o desaparición forzosa) de la metodología ICLEP.
2. Agresiones físicas (indicador concurrente): Acto de violencia dirigido deliberadamente contra el cuerpo de la víctima con el propósito de causarle dolor y sufrimiento como represalia por su manifestación pública pacífica. La brutal golpiza propinada durante el operativo de detención constituye subcategoría 2.1 (golpes, empujones y/o lesiones corporales).
3. Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas (indicador concurrente): Acciones sistemáticas de hostigamiento ejecutadas previo a la detención. La vigilancia intimidatoria ejercida por agentes estatales (subcategoría 3.4) y el cerco social mediante presión directa sobre el entorno familiar de la víctima, específicamente la madre en su centro laboral (subcategoría 3.8), constituyen tácticas de coacción orientadas a quebrar la voluntad de protesta pacífica.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a la libertad de expresión en Cuba.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Declaración Universal de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El ejercicio legítimo de la libertad de expresión mediante protestas pacíficas no puede ser criminalizado mediante detenciones arbitrarias, violencia física ni mecanismos de intimidación estatal. El Estado cubano incumple las obligaciones constitucionales e internacionales que lo vinculan en materia de protección de derechos fundamentales.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano:
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
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